De Tláhuac a Tula y Acatlán, la misma incapacidad

El 23 de noviembre de 2004, los agentes de la entonces Policía Federal Preventiva, Víctor Mireles Barrera, Cristóbal Bonilla y Édgar Moreno Nolasco, realizaban una investigación sobre narcomenudeo en San Juan Ixtayopan, delegación de Tláhuac, en la Ciudad de México, cuando fueron sorprendidos por una multitud que los acusaba de tomar fotografías a menores de edad con la finalidad de secuestrarlos.

Fueron retenidos, golpeados, amarrados a postes de luz y quemados vivos. Dos de ellos murieron, uno logró sobrevivir en estado grave de salud.

La Policía capitalina no llegó a tiempo para evitar los hechos y el entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard Casaubón, fue removido de su cargo por el presidente de la República en turno, Vicente Fox Quezada, con la facultad que le concedía la ley.

La semana pasada, en la población de Acatlán de Osorio, municipio de Acatlán, Puebla, dos hombres fueron linchados acusados de robar a menores de edad, las autoridades estatales negaron que fueran “robachicos” e informaron que se trataba de dos campesinos.

Tan sólo un día después, en un hecho similar, pobladores de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula, Hidalgo, quemaron a una pareja por supuesto plagio de niños.

De acuerdo con el portal electrónico Sin Embargo de enero de este año a la fecha se han registrado un total de 15 linchamientos, en los cuales, por lo menos 11 personas, fueron quemadas vivas. En todos los casos, las autoridades municipales se vieron rebasadas ante los actos de las turbas frenéticas.

Han pasado 14 años de lo ocurrido en la Ciudad de México, y aunque en ese caso se destituyó al secretario de Seguridad, decisión que para muchos fue catalogada como política más que justa, las autoridades siguen sin entender y por lo tanto, sin erradicar el problema de origen.

¿Qué es lo que propicia estos actos desmesurados? Pareciera que el objetivo es atribuir todo a las “fake news” o a la propagación de información falsa mediante redes sociales o páginas web que, a pesar de la reacción adversa que generan, son sólo un eslabón de la cadena.

El sistema de justicia en México está colapsado. El índice de impunidad es más de 90 por ciento. Cada vez son más las personas que han sido víctimas de algún delito y no han obtenido justicia por parte de la autoridad.

Que quede claro, absolutamente nada justifica que los ciudadanos, movidos por emociones primitivas, pretendan cobrar justicia por propia mano.

Pero también, que no se nos olvide que los funcionarios siguen reciclándose y justificándose; que cada vez son más indolentes, omisos, e incapaces ante los nuevos contextos sociales, propiciados en gran medida por su incapacidad.

¿Vamos a permitir que los linchamientos crezcan y se normalicen ante nuestra indiferencia, tal como ocurre con los casos de personas desaparecidas o asesinatos que aumentan desmedidamente? ¿Qué estamos esperando?

Gabriela Aguilar Camacho

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